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Agentes federales emplearon una política migratoria poco conocida llamada “remoción acelerada” para detener a migrantes afuera de una sala de audiencias en Detroit la semana pasada.
Esta política fue creada por el Congreso en 1996 y ha sido utilizada por todos los presidentes desde entonces como parte de sus estrategias de control migratorio. Sin embargo, el presidente Donald Trump la ha aplicado de manera mucho más amplia que sus antecesores.
En práctica, esta política otorga a los agentes de inmigración de nivel operativo funciones similares a las de un juez, con muy poca supervisión. Comprender este mecanismo es fundamental para entender la agresiva estrategia migratoria de la administración Trump.
¿Qué es una remoción acelerada?
Una orden de remoción acelerada es un proceso rápido que permite a los agentes de inmigración deportar a ciertas personas sin necesidad de audiencias judiciales.
“Es solo un papel firmado por un agente de la patrulla fronteriza, pero tiene el mismo efecto que una orden de deportación emitida por un juez de inmigración,” explicó Ruby Robinson, abogada directora del Michigan Immigrant Rights Center. “No existe ninguna forma de apelar esa decisión.”
Según la política de Trump, la remoción acelerada se aplica a quienes ingresaron al país sin autorización y han residido aquí por menos de dos años, de acuerdo con el National Immigration Forum, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los inmigrantes.
Si una persona manifiesta un “miedo creíble” a la persecución o tortura en su país de origen, ICE debe remitirla a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. para una entrevista de asilo, que generalmente se realiza de forma rápida y por teléfono. Si el agente considera que el miedo no es creíble, la persona puede ser deportada.
Las deportaciones bajo el proceso de remoción acelerada pueden ejecutarse en tan solo un día.
Una breve historia de la remoción acelerada
El Congreso estableció las facultades de remoción acelerada como parte de una reforma migratoria en 1996 que fue respaldada por el presidente Bill Clinton, aunque hoy en día es criticada por ser punitiva y poco acogedora hacia los refugiados. En un inicio, la remoción acelerada sólo se aplicaba a quienes eran detenidos al intentar cruzar la frontera sin autorización.
La administración de George W. Bush amplió su alcance para incluir a cualquier persona capturada dentro de las dos semanas posteriores a su ingreso y a menos de 100 millas de la frontera.
En 2019, la administración Trump llevó esta política aún más lejos, aplicándola a cualquier persona que hubiera entrado sin autorización y que llevará menos de dos años en el país.
El presidente Joe Biden revirtió esta ampliación en 2022, pero Trump la reinstaló poco después de regresar al poder, ordenando a los agentes de ICE emplearla de forma agresiva.
Según datos del American Immigration Council, una organización sin fines de lucro, la remoción acelerada alcanzó su máximo en 2013 bajo el presidente Barack Obama, con 197,613 deportaciones realizadas mediante este proceso ese año.
La expansión de esta política durante la administración Trump enfrenta actualmente impugnaciones en tribunales federales, por supuestamente violar la garantía constitucional del debido proceso, que protege a todas las personas en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio.
Como la remoción acelerada está siendo usada hoy
Para alcanzar la meta de deportar a un millón de personas por año, la administración de Trump adoptó una nueva táctica: arrestar y deportar a personas fuera de las cortes y oficinas de inmigracion.
Las personas con casos de asilo activos no están sujetas a la remoción acelerada. Sin embargo, como una forma de eludir esto, la administración está instruyendo a los jueces de inmigracion — que no son jueces federales independientes, sino empleados del Departamento de Seguridad Nacional — a que desestimen inmediatamente los casos a petición de los abogados de ICE. Antes los inmigrantes tenían 10 días para responder antes de que un caso pudiera cerrarse.
Los abogados de ICE parecen dirigir las solicitudes de desestimación hacia personas que califican para la remoción acelerada, y luego coordinan con agentes civiles para arrestarlas tan pronto terminan sus audiencias.
“No es casualidad que los casos están siendo desestimados y que las personas están siendo detenidas abajo,” dijo Robinson, y agrego: “Estan buscando a personas específicas.”
¿Quién se encuentra en riesgo de una remoción acelerada?
Las personas en riesgo de remoción acelerada son principalmente quienes entraron a Estados Unidos sin autorización y han permanecido en el país menos de dos años. Este grupo puede incluir a quienes solicitaron asilo porque regresar a su país de origen representaría un peligro para su vida o seguridad.
No están sujetos a remoción acelerada:
- Personas con casos de asilo activos
- Niños no acompañados
- Quienes se quedaron más tiempo del permitido con una visa
- Ciudadanos estadounidenses
- Residentes legales permanentes
Los críticos advierten que la falta de controles en el proceso de remoción acelerada facilita que personas con estatus legal — e incluso ciudadanos estadounidenses — sean detenidas o deportadas por error.
“El poder de los agentes de inmigración para iniciar procesos de remoción acelerada carece de suficientes salvaguardas,” señala el American Immigration Council. “En la práctica, la ley permite que un agente de inmigración de nivel operativo actúe simultáneamente como fiscal (encargado de hacer cumplir la ley) y como juez (quien toma la decisión final sobre el caso).”
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