![Un collage editorial que combina una fotografía en blanco y negro del Edificio Federal Patrick V. McNamara, sede del Tribunal de Inmigración de Detroit, con fragmentos de papel rasgado de colores que contienen texto recortado de documentos de audiencias de fianza del tribunal de inmigración. Los fragmentos — en rosa, azul y verde — muestran frases parciales que incluyen "Granted" (con una casilla marcada), "Denied" (con una casilla marcada), "a flight risk," "Respondent is a flight risk," "the Immigration Judge denied Pe[titioner]," "(ICE), released Petit[ioner]," "under bond of $5,000," "bond of $15,000, with," y "Denied, because." Los fragmentos superpuestos contrastan visualmente la concesión y la denegación de fianzas, evocando la naturaleza burocrática y de alto riesgo de los procedimientos de detención migratoria.](https://npr.brightspotcdn.com/dims4/default/4371db5/2147483647/strip/true/crop/1920x1080+0+0/resize/840x472!/format/webp/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fnpr-brightspot.s3.amazonaws.com%2F75%2F7b%2Fa875b7d043b4b67d5862f5501af5%2Fbond-headers-5.png)
Muchas personas detenidas durante la ofensiva migratoria de la administración Trump han encontrado un camino hacia la libertad al presentar peticiones de hábeas corpus en tribunales federales. En la mayoría de los casos, los jueces federales en Michigan han concedido esas peticiones, obligando al gobierno a otorgar audiencias de fianza o liberarlas.
Cientos de personas detenidas en Michigan recibieron fianza en el tribunal de inmigración, según un análisis de Michigan Public de los resultados de aproximadamente 500 casos. Sin embargo, las denegaciones de fianza aumentaron considerablemente a partir de mediados de enero.
Los registros de la corte revisados por Michigan Public no pudieron proporcionar una explicación única para el aparente aumento, aunque algunos creen que los jueces de inmigración están siendo presionados para negar la fianza a personas a quienes se les concedió el hábeas corpus.
- El Departamento de Justicia (DOJ), que supervisa los tribunales de inmigración, no respondió a las preguntas para este reportaje.
Para muchos inmigrantes detenidos en Michigan, lograr que un juez de inmigración conceda una fianza es una de las pocas formas de obtener la libertad. No tarda mucho en difundirse la noticia cuando a alguien detenido en el Centro de Procesamiento North Lake se le niega la fianza.
“Es una negación masiva (de audiencias de fianzas),” dijo Luis Fernandez-Escalante, un solicitante de asilo venezolano que ha pasado casi seis meses en la enorme instalación del norte de Michigan. “Un día vi que al menos diez personas fueron rechazadas para una fianza, una tras otra.”
Varias personas detenidas dentro de North Lake, y algunos de sus abogados fuera, están preocupados de que el estrecho camino hacia la libertad que creían tener a través del hábeas corpus se esté cerrando.
A lo largo de finales de 2025, “tendíamos a ver resultados de fianza bastante razonables para las personas a quienes se les concedía el hábeas corpus”, dijo Ruby Robinson, abogada principal del Michigan Immigrant Rights Center (MIRC).
Pero, según Robinson y otros abogados, a principios de este año parecía que las audiencias de fianza estaban “casi predestinadas a ser denegadas.” Ahora, “cuando se aprueba una fianza, creo que es un momento emocionante,” dijo.
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“Obviamente, gran parte de lo que está ocurriendo es con la esperanza de que las personas simplemente se rindan y se autodeporten. Y odio decir eso," dijo Lawrence Burman, quien se describe como republicano y juez de inmigración que se retiró en diciembre después de casi tres décadas en el tribunal. “Nunca ha habido nada como lo que ha estado ocurriendo en esta administración.”
El Departamento de Justicia, que supervisa los tribunales de inmigración y nombra a los jueces de inmigración, no respondió a una solicitud de entrevista ni a preguntas escritas para este reportaje.
A medida que la administración Trump intensificó la aplicación de las leyes migratorias, implementó una amplia política de “detención obligatoria,” un cambio que llevó a que miles de inmigrantes fueran retenidos sin una audiencia de fianza. Los abogados impugnaron la política mediante una avalancha de peticiones de hábeas corpus.
Michigan Public rastreó más de 800 de estas peticiones presentadas en los dos tribunales federales de distrito de Michigan. En la mayoría de los casos, los jueces determinaron que los inmigrantes estaban siendo “detenidos ilegalmente” en violación de sus derechos al debido proceso bajo la Quinta Enmienda
Pero “ganar” un caso de hábeas corpus no garantiza la libertad. La orden del juez otorga al gobierno unos pocos días hábiles para liberar a los detenidos o concederles una audiencia de fianza. Y exige que el DOJ presente un “informe de estado” detallando lo ocurrido.
Michigan Public revisó informes de estado de aproximadamente 500 casos en los que se concedieron peticiones de hábeas corpus en Michigan desde noviembre de 2025 hasta mediados de febrero de 2026.
Los datos de esos informes de estado proporcionan una visión poco común, aunque incompleta, de lo que sucede después de que los jueces federales determinan que los inmigrantes están “detenidos ilegalmente” en North Lake y en cuatro cárceles del condado que trabajan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Estos datos nos permitieron ver la tendencia real y que no era solo un producto de nuestra imaginación,” dijo el abogado de MIRC, Robinson, sobre el análisis. “No era simplemente una [visión] pesimista de la realidad.”
Decenas de inmigrantes detenidos en el estado fueron liberados después de presentar peticiones en tribunales federales. Aproximadamente 200 más recibieron fianza, lo que les dio una oportunidad de libertad — si pueden pagarla.
Pero muchas personas, como Luis Fernández-Escalante, fueron rechazadas para fianza y permanecieron detenidas.
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Luis Fernández-Escalante sintió un destello de esperanza cuando se enteró de que un juez federal le había concedido una audiencia de fianza.
Era principios de febrero, y podía sentir el viento frío filtrándose a través de las pequeñas ventanas de su bloque de celdas, agravado por la calefacción insuficiente proveniente del sistema de calefacción de la instalación.
Todo en lo que podía pensar Fernández-Escalante, de 40 años, era en su esposa, Filomena, su hija pequeña, sus dos gatitos en casa en Chicago y la posibilidad de que no estuvieran separados por mucho más tiempo.
Seis días después llegó la audiencia de fianza. La jueza de inmigración Ellen Karesh determinó que representaba un “riesgo de fuga,” señalando que su familia no poseía propiedades y tenía “contactos mínimos” en Estados Unidos.
“No lo entiendo,” dijo Fernández-Escalante. “Desde el 2023 mi esposa y yo hemos estado trabajando y estudiando inglés en la escuela y nunca hemos faltado a una cita de control migratorio.”
Ese mes, al menos 100 inmigrantes detenidos en Michigan a quienes se les concedieron peticiones de hábeas corpus fueron rechazados para fianza, muchos por razones similares.
“Denegado, por riesgo de fuga”
Los abogados de inmigración y los exjueces de inmigración que hablaron con Michigan Public dijeron que temen que los jueces de inmigración actuales ya no estén dando a los detenidos una oportunidad justa en las audiencias de fianza.
“Ciertamente ha habido rumores entre los abogados de inmigración, y estos están respaldados por declaraciones juradas de exjueces de inmigración, de que hubo instrucciones para que los jueces negaran fianzas basándose en el riesgo de fuga si se trataba de casos de hábeas corpus,” dijo Daniel Caudillo, exjuez de inmigración y director de la Clínica de Derecho de Inmigración en Texas Tech.
“Ciertamente conozco al menos a un exjuez de inmigración recientemente destituido que ha proporcionado una declaración jurada,” añadió. Caudillo “no estaba en libertad” de compartir la declaración jurada que mencionó y Michigan Public no pudo localizarla de forma independiente.
George Pappas, exjuez del tribunal de inmigración en Massachusetts que fue despedido por la administración Trump en 2025, dijo que en el pasado los detenidos eran liberados de manera rutinaria.
“Obviamente, si la persona tiene antecedentes penales, no va a obtener una fianza,” dijo Pappas. “Pero si una persona no tiene antecedentes penales, ha estado pagando impuestos, criando a una familia, y su única infracción civil es haber ingresado al país, digamos, sin visa, es un fuerte candidato para recibir fianza.”
La mayoría de los documentos de la corte que Michigan Public revisó casi no tenían detalles sobre por qué a un detenido se le concedió la fianza o por qué esa fianza se estableció en cierta cantidad. Las denegaciones de fianza a menudo contenían algo de información — unos pocos párrafos como máximo. En algunos casos, los jueces citaron cargos penales o encuentros con las fuerzas del orden.
Pero en varias denegaciones, los jueces de inmigración solo escribieron “riesgo de fuga.”
“Si va a emitir una orden como juez de inmigración, está obligado a explicar el razonamiento legal de por qué la persona representa un riesgo de fuga,” dijo Pappas, quien es crítico de la administración Trump y ahora representa a inmigrantes. Para él, dijo Pappas, la falta de información en algunas órdenes muestra que los jueces de inmigración están “aprobando automáticamente las denegaciones.”
El gran volumen de casos podría ser parte de lo que explica las breves explicaciones en las denegaciones, dijo Caudillo.
“Creo que el aumento en el número de detenciones ciertamente ha permitido que los jueces no sean tan exhaustivos en su toma de decisiones,” dijo Caudillo.
Pero, dijo, las órdenes que Michigan Public revisó son “órdenes sumarias.” Es probable que los jueces puedan proporcionar razonamientos más detallados en respuesta a una apelación.
Caudillo dijo que sería “insensato” que los jueces emitieran denegaciones de dos palabras en ordenadas por tribunales federales, porque las personas en esas audiencias ya han demostrado que están dispuestas “a acudir a un tribunal federal para obtener el debido proceso."
Una “segunda ronda” en el tribunal federal
En todo el país, algunos jueces federales en funciones también han expresado duda.
“La audiencia de fianza muestra indicios de un resultado predeterminado,” escribió el juez del Distrito Oeste de Misuri, Douglas Harpool, en una orden que anuló una fianza de $20,000 en febrero. Harpool calificó la decisión del juez de inmigración de que la mujer representaba un riesgo de fuga como “claramente desvinculada de los hechos y de cualquier conclusión lógica,” señalando que no había faltado a ninguna audiencia y tenía familia en el país.
La orden fue previamente reportada por Politico, que encontró varios casos similares.
En otra orden, un juez federal de Virginia Occidental señaló una declaración jurada de un ex abogado de ICE que afirmó que “las audiencias de fianza ahora están siendo denegadas sistemáticamente basándose en argumentos que no habrían sido considerados suficientes semanas antes” en un aparente “esfuerzo por anular las protecciones constitucionales que los tribunales federales han reconocido y aplicado mediante el hábeas corpus.”
En Michigan, los abogados han impugnado algunos montos elevados de fianza o denegaciones en lo que denominan peticiones de “hábeas corpus de segunda ronda.” Algunos han tenido éxito.
En un caso, la jueza del Distrito Oeste de Michigan, Jane M. Beckering, ordenó al tribunal de inmigración repetir una audiencia de fianza porque el juez de inmigración exigió a Juan José Soto-Medina, solicitante de asilo venezolano, que demostrara que no representaba un riesgo de fuga.
En cambio, Beckering escribió: “el debido proceso exige que el gobierno asuma la carga de demostrar que [Soto-Medina] representa un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad para negar la fianza… una mayoría de los tribunales federales, incluidos tanto los tribunales de primera instancia como los de apelación, han adoptado esta posición.”
A Soto-Medina se le concedió la fianza en la segunda ocasión y ahora el DOJ está apelando su caso de hábeas corpus ante el Tribunal del Sexto Circuito.
El lenguaje en muchas denegaciones de fianza revisadas por Michigan Public sostiene que los detenidos deben demostrar que no deberían estar detenidos, en lugar de que lo haga el gobierno. Esto se basa en parte en un precedente de 2006 establecido por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), el cual Beckering rechazó. Al igual que los tribunales de inmigración y los jueces de inmigración, la BIA forma parte del Departamento de Justicia.
“Este tribunal no está obligado ni está requerido a otorgar deferencia a la interpretación de una ley por parte de una agencia,” escribió Beckering.
El Tribunal Federal del Distrito Oeste tiene una orden administrativa vigente que coloca a Beckering, nombrada por el expresidente Joe Biden, a cargo de decidir sobre cualquier petición de hábeas corpus en la que la “carga de la prueba” en una audiencia de fianza sea el tema principal. La orden fue firmada por el juez principal del tribunal, un designado por el Presidente Donald Trump.
Beckering aprobó algunas solicitudes de nuevas audiencias de fianza — citando su propio razonamiento en el caso de Soto-Medina.
También rechazó algunos casos en los que determinó que los derechos al debido proceso de los detenidos no fueron violados en la audiencia de fianza.
“Una presión no tan sutil”
Un número de abogados que hablaron con Michigan Public dijeron que creen que los jueces del tribunal de inmigración de Detroit están negando la fianza, o estableciendo fianzas altas, en casos que históricamente se habrían concedido fácilmente por montos menores. Algunos lo ven como evidencia de una política dentro del tribunal.
Los registros de la corte revisados por Michigan Public no pudieron proporcionar una explicación única para el aumento de las denegaciones de fianza.
“Los jueces de inmigración son, en última instancia, empleados del poder ejecutivo y, por lo tanto, trabajan bajo el Departamento de Justicia y, en última instancia, bajo el fiscal general,” dijo Daniel Caudillo, exjuez de inmigración y director de la Clínica de Derecho de Inmigración de Texas Tech. “Y la administración dejó muy claro lo que quiere que sean los tribunales. Creo que ahora la publicidad es para jueces de deportación, no para jueces de inmigración.”
Aunque eso puede respaldar la “ilusión” de que existe alguna orientación interna para negar ampliamente la fianza, Caudillo dijo que aún tiene “mucha fe” en que sus antiguos colegas en el tribunal “aplican la ley con mucho cuidado” y que algunos resistirán cualquier “intromisión” en su independencia.
“No creo que jamás emitirían algo que diga claramente ‘Usted decidirá de esta manera o de aquella,’” dijo Lawrence Burman, quien se desempeñó como juez de inmigración en tres estados durante más de 27 años antes de retirarse a finales del año pasado. “Obviamente hay formas sutiles en que pueden comunicar eso, como despedir a personas que no hacen lo que les gusta.”
NPR encontró que la administración despidió a casi 100 jueces de inmigración el año pasado.
“Esa es una presión no tan sutil,” dijo Burman.
Traducción de EPIC Translations LLC. Leer en inglés.
